En pleno debate acerca del autoconsumo y las “tarifas al Sol”, el Ayuntamiento de Madrid presentó el 24 de junio sus alegaciones contra el proyecto del Real Decreto que establece cánones para quienes adopten este sistema energético. El Área de Medio Ambiente del consistorio anuncia que esta nueva normativa “obstaculiza la lucha contra la pobreza energética” al no favorecer su implantación entre la sociedad con los beneficios que ello ofrecería, incluso en materia de ahorro energético.
Y no solamente para los ciudadanos, sino también para edificios públicos, muchos de ellos muy endeudados. De hecho, según el Ayuntamiento, el Real Decreto debería establecer “una modalidad para favorecer las instalaciones de generación de energía eléctrica de titularidad pública a partir de fuentes propias”, en lugar de bloquear el paso hacia un renovado modelo energético que no penalice económicamente las iniciativas para el empleo de energías limpias. Un hecho que contradice las directrices establecidas por la Unión Europea.
La aplicación del autoconsumo favorecería la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y “la búsqueda de soluciones a la pobreza energética”. Según cifras del propio Ayuntamiento, el 97,4% de la energía consumida en la ciudad procede de fuentes externas, siendo las renovables las más minoritarias, con un 0,5% del total. Además, agrega que a la gestión de la contaminación, como la producida a través de la gestión de los RSU y aguas residuales, se establecen soluciones que permitan ser aprovechadas para la generación de energía de aprovechamiento urbano, “a fin de incentivar las políticas municipales de ahorro y eficiencia energética, cuyos beneficios ambientales repercuten en el conjunto de la sociedad”, añaden.